Un total de 240 vascas fueron agredidas por su pareja en el primer trimestre del año

10 de Junio
Un total de 240 vascas fueron agredidas por su pareja en el primer trimestre del año
Un total de 240 mujeres vascas sufrieron lesiones de distinta consideración al haber sido agredidas por sus respectivas parejas durante el primer trimestre del año. Según datos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, en el mismo periodo del año anterior fueron 236 las mujeres maltratadas.

Ana Salamanca Madrid/Gasteiz

A estas cifras hay que añadir que, hasta junio de este año, han sido asesinadas en la CAV dos mujeres, una en el barrio bilbaino de Zorroza el 23 de marzo y la otra en Gasteiz el pasado día 2.

En ambos casos los presuntos agresores fueron detenidos. En total han sido detenidos por la Ertzaintza 209 hombres por agredir a sus parejas o quebrantar una orden judicial de alejamiento.

En el Estado, al menos 19.620 mujeres denunciaron haber recibido malos tratos de su pareja o ex-pareja entre enero y abril de 2007, lo que representa 163 denuncias diarias y un aumento de un tres por ciento respecto a 2006. El pasado año las fuerzas de seguridad practicaron más de 46.000 detenciones como consecuencia de 62.170 denuncias presentadas.

Las cifras avalan el recorrido de la Ley Integral contra la Violencia de Género, pero son ya 32 mujeres las que han muerto este año y los últimos casos han agitado cuestiones como la retirada de las denuncias o la dispensa a las víctimas de declarar contra su pareja, aspectos que hay que mejorar en la aplicación de la Ley, coinciden responsables del Gobierno, jueces y asociaciones de mujeres.

"Lo normal es que una mujer maltratada dude", asegura Raimunda de Peñafort, titular del juzgado número 1 de violencia sobre la mujer en Madrid. "Cuando se denuncia a aquel con quien llevas años durmiendo y desnudándote, no se puede pedir que no tengas momentos de duda, de miedo al futuro, y que tengas un criterio firme".

Las agresiones, amenazas o quebrantamientos de orden de alejamiento motivaron 19.380 denuncias ante Policía y Guardia Civil hasta el pasado 30 de abril, según el Instituto de la Mujer. A estas cifras se añaden las 240 mujeres agredidas en el primer trimestre en el País Vasco y las atendidas por Mossos d'Esquadra, cuyos datos no están disponibles.

De las demandantes que acudieron a Policía y Guardia Civil, un 68 por ciento tenía entre 20 y 40 años, pero otras 385 eran menores. Además 6.220 eran extranjeras.

Casi una de cada cuatro -en concreto 4.528, un 23,3 %- se presentaron en Andalucía, seguida de Madrid (con 3.341, un 17,23%), Comunidad Valenciana (2.787, un 14,3%) y Canarias (1.641, un 8.48%).

Por tasa de población son Melilla, Ceuta, Canarias, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid las que más registraron.

Por otro lado, 3.410 hombres denunciaron malos tratos, un dos por ciento más que en 2006. El mayor número en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias.

Heroínas

El incremento cada año de las denuncias refleja una voluntad decidida de las mujeres por salir de la situación, pero una parte no concluye el proceso.

Hay miedo, presión emocional o simplemente la víctima cree en el agresor y en una segunda oportunidad, como las dos asesinadas este mes en Gasteiz y La Aljorra (Cartagena).

"La mujer acude a la policía o al juez y vuelve a casa. Siguen expuestas al chantaje emocional y las amenazas. Hay mayor tensión", asegura Angeles Álvarez, de la Red de Organizaciones feministas. "¿Qué hacen? Retiran la denuncia. Normal. No podemos pedir que sean heroínas".

No son muchas, apostilla la juez Peñafort en declaraciones a Efe, pero "hay que entender que una mujer dé un paso adelante y tres para atrás, que tenga inseguridad, miedo y que no sepa lo que quiere".

La renuncia se da en un 12-14 por ciento de los casos, pero además cuando la víctima comparece ante el juez, éste debe recordarle que el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exime a los familiares de la obligación de declarar contra el agresor. Más del 30 por ciento de la retirada de las acusaciones por el fiscal fue porque las víctimas no testificaron contra su pareja.

"No tiene sentido que un artículo del siglo XIX ponga coto a esta Ley", afirma Peñafort, "Desde el principio he exigido su modificación".

La mujer maltratada acude al juzgado "con la cabeza hecha un taco" y lo primero que oye es que no tiene obligación de declarar. "La mayoría de las veces se acoge a ese derecho. Piensa: ya lo he visto detenido, no quiero que le hagan daño".

"Y cuando me dice que no declara, se me cae todo", afirma la juez. "Corrió a la policía y se le atendió, pidió protección y se le dio, y ahora, 48 horas después, dice que no colabora....". Pero "es inhumano pedir seguridad, firmeza y certidumbre a una mujer "psicológicamente machacada". Ella lo que quiere es "seguir con él, pero que no le pegue, y eso no está en mi mano".

Tras el asesinato de Asunción Villalba en Vitoria, que había retirado la denuncia contra su esposo, las asociaciones han reclamado que el hecho de retirar las acusaciones sea valorado como prueba de veracidad y que se modifique el artículo 416, "una alfombra para salir sin denunciar", señala Ángeles Álvarez.

Recriminación

Hay algo de recriminación en el mensaje "es que las mujeres retiran la denuncia y se quedan sin pruebas", continúa Álvarez, pero el problema "es la descoordinación" entre policía, juzgados y asistencia social y, tras la demanda, la víctima no encuentra apoyo en otras instituciones. Se queda sola.

"Se dan instrucciones de protección, pero la mujer debe sanarse emocionalmente y ser acompañada en el itinerario por un equipo que le diga qué es conveniente en cada momento", añade. Como ejemplo, la Asociación de Mujeres Juristas Themis lleva a cabo en Castilla-La Mancha un programa de asistencia con abogadas especialistas: la tasa de retractaciones entre estas víctimas bajó al 3 por ciento en 2005.

"Puede haber alguna fisura, pero la coordinación institucional es esencial y todos luchamos por ella", discrepa Peñafort. "Hay línea directa con la Policía y cualquier orden de protección es inmediata". "En el mismo juzgado hay un psicólogo y un trabajador social, y el abogado le acompaña a lo largo del proceso".

Si es un procedimiento de urgencia, el juez la ve el mismo día o al día siguiente, si es ordinario puede tardar un mes o mes y medio, y si se pide una orden de protección en 72 horas tiene que estar resuelta, agrega.

Por lo general aunque la denunciante quiera guardar silencio o retractarse, no supone la absolución. El fiscal sigue de oficio, explica Peñafort, porque hay partes médicos o psicológicos y sus propias declaraciones ante la Policía.

A lo largo de 2006 se celebraron 37.521 juicios por delitos y faltas de violencia de género, de los que 26.313 -el 70,2 por ciento- fueron condenas y 11.208 absoluciones, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En el mismo periodo se solicitaron 36.156 órdenes de protección y 27.078 fueron acordadas.

Las actuaciones de las fuerzas de seguridad se han incrementando cada año. En 2006 fueron detenidas 45.296 personas por Policía y Guardia Civil, según el Ministerio del Interior, y la Ertazintza detuvo otros 902 hombres por agredir a su pareja o quebrantar una orden de alejamiento. La media es de 126 agresores cada día.

En doce casos de las 32 muertes de este año -el 40 por ciento- había constancia de malos tratos anteriores: cuatro de los agresores tenían orden de alejamiento y otros ocho denuncias o antecedentes.